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Política pública redistributiva, encaminando sociedades más equitativas
Néstor Romero Mendoza
Por Administrador
Publicado en 23/05/2025 22:36
OPINIÓN

Si un cantón, provincia o país parece naufragar, desconectada la gestión de su Gobierno por solucionar las reales necesidades de sus ciudadanos, obviando los sueños y desvelos de éstos, es porque en ese lugar hay la ausencia de una política pública. Entender cambia la vida. Partamos entonces por encontrar la definición más exacta sobre qué es una política pública. Pues básicamente, según el catedrático André-Noël Roth, son un instrumento de transformación de la sociedad que consiste en la determinación de un objetivo por medio de la movilización de las herramientas del Estado, entre ellas, la ley y el dinero, para lograr una transformación del comportamiento de las personas que supuestamente son responsables de algún problema público; entonces, en ese sentido, la política pública es un instrumento de transformación de la sociedad que actúa sobre los comportamientos de las personas.

En este contexto y más allá de los sesgos cognitivos, podría considerarse a la Política Pública Redistributiva como una alternativa democrática viable para lograr el buen vivir, pues su finalidad básica es disminuir las diferencias sociales y económicas derivadas de la asignación de recursos a partir del funcionamiento del propio mercado económico. Actualmente, este modelo es un intento crucial de los Gobiernos por modificar esa asignación de la riqueza entre los diferentes grupos de una sociedad, siempre y cuando esa voluntad política del Gobernante se retroalimente con la participación ciudadana y de los sectores productivos, siendo coherente, transparente y de respeto a los derechos fundamentales constitucionales.

Quizás uno de los datos más ciertos en la vida humana, es que todo cambia. Incluso las Políticas Públicas, que en su desarrollo atraviesan varias etapas que configuran un ciclo. El catedrático Nicolás Cereijo ha explicado que las fases del ciclo son interdependientes, por lo que el replanteamiento de cualquiera de ellas afecta a las siguientes. El ciclo, como cualquier sistema, se cierra con un proceso de retroalimentación donde la política pública no se extingue con la evaluación de sus resultados, sino que ésta puede dar lugar a una nueva definición del problema que inició el ciclo.  Desarrollemos entonces un ejemplo de los ciclos, aterrizado a la realidad ecuatoriana:

1) Identificación y definición de problema: Evitar que las organizaciones terroristas y de delincuencia organizada amplifiquen su ejecución delictiva en la sociedad ecuatoriana, ya que su avance implicaría un grave riesgo de colapso para el Estado pues Ecuador puede convertirse en una Mafiocracia, que es cuando la corrupción fiscal y la mafia se encuentran para el uso ilegítimo de información privilegiada, sobornos, tráfico de influencias, narcotráfico, contrabando, extorsiones, prevaricación, caciquismo, nepotismo, despotismo, entre otros delitos.

2) Formulación de alternativas de decisión: a) Interrumpir y desmantelar las organizaciones terroristas y delictivas de narcotráfico; b) Capacitar sobre nuevas técnicas de seguridad, inteligencia y contrataque a las Fuerzas del Orden Público; c) Adquirir armamento de última tecnología y de movilización para las Fuerzas del Orden Público; d) Reducir las muertes violentas que tienen su origen en la adición impulsadas por delincuencia relacionada con drogas; e) Crear campañas educativas y didácticas explicativas para concienciar sobre el impacto negativo del consumo de drogas y el involucramiento al “mundo narco”; f) Promulgar leyes más severas contra delincuentes y narcotraficantes, así como a operadores del sistema de Justicia que manifiesten negligencia en el ejercicio de sus funciones con sentencias dolosas; g) Frenar la deserción escolar generando mayores alternativas de acceso a unidades educativas y centros de estudios superior; h) Generar líneas de crédito blando para la reactivación económica productiva de comercios locales; i) Negar el usufructo de la actividad criminal; es decir, el dinero, que les da poder para las ventajas de su negocio criminal y formas de sostenibilidad del mismo; j) Fomentar la práctica de actividades sanas, recreativas y especialmente deportivas a través de programas de especialidad que beneficien principalmente a habitantes de las zonas urbano marginales y rurales, así como la inversión en repotenciación y construcción de escenarios deportivos; k) Gestionar alianzas de cooperación interinstitucional y con organismos y estados extranjeros para fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas del Orden.

3) Adopción de una alternativa: a) Interrumpir y desmantelar las organizaciones terroristas y delictivas de narcotráfico.

4) Implantación de la alternativa seleccionada: a) Policía Nacional y Fuerzas Armadas aumentan su intervención territorial con nuevas y mejores técnicas de seguridad, inteligencia y contrataque a la mafia y la adquisición de armamento de última tecnología y de movilización para potenciar estas instituciones.

5) Evaluación de los resultados obtenidos: Validación estadística: a) sobre reducción de muertes violentas por provincia; b) sobre cantidad de droga incautada; c) sobre denuncias de cometimiento de delitos como robo y extorsión; d) sobre efectividad del sistema judicial en dictar sentencias ante delitos en flagrancia, respetando el debido proceso.

Sin seguridad no hay derechos. Así, con una política pública de seguridad definida e inclusiva, el Gobierno Nacional podrá garantizar el buen vivir para sus ciudadanos, tal como lo señala su Constitución.

 

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